El Grupo OMBUDS

OMBUDS COMPAÑÍA DE SEGURIDAD, S.A. se constituyó en 1995 como una compañía dedicada a la prestación de servicios de seguridad privada, principalmente vigilancia de bienes y protección de personas, mientras que OMBUDS SERVICIOS, S.L. lo hizo simultáneamente, dedicada a la prestación de servicios complementarios o auxiliares.

Pronto experimentaron un rápido y robusto crecimiento orgánico, que llevó a la empresa de seguridad a situarse durante varios ejercicios, como la más rentable del sector en España. En 2011 se produjo la entrada como socio mayoritario de un fondo de capital norteamericano. Posteriormente se adquirieron otras empresas del sector, algunas de gran tamaño como CASESA en 2015, ocupando el Grupo el tercer puesto del ranking por número de empleados y facturación.

En 2019 las empresas del Grupo fueron declaradas en concurso de acreedores.

Entre los clientes de OMBUDS, del sector público y privado, se encontraban, ministerios, comunidades autónomas y grandes ayuntamientos, agencias estatales, gestores de infraestructuras críticas de transporte y comunicaciones, juzgados, fábricas de armamento, museos, prisiones, hipermercados y grandes superficies comerciales, centros comerciales, universidades, urbanizaciones VIP y comunidades de propietarios, personalidades públicas y privadas, etc.

Al tiempo de solicitarse el concurso, ambas empresas, empleaban conjuntamente a más de 8.000 trabajadores y tenían un volumen de facturación de, aproximadamente, 200 millones de euros anuales

En julio de 2019, el Juzgado de lo Mercantil nº 13 de Madrid, dictó sendos autos, en los declaraba en estado legal de concurso voluntario a OMBUDS COMPAÑÍA DE SEGURIDAD, S.A. y a OMBUDS SERVICIOS, S.L. El 30 de julio se procedió al nombramiento y aceptación del cargo del Administración Concursal (AC), Baker Tilly Concursal, S.L.P.

Tras ello, para recuperar el control operativo y financiero de las concursadas a la mayor brevedad, con carácter urgente se adoptaron las siguientes medidas: i) solicitud de suspensión de todos los embargos trabados por la AEAT y la TGSS sobre saldos de cuentas corrientes y derechos de crédito, ii) auxilio judicial para paralizar las resoluciones unilaterales de contratos por parte de clientes, iii) restablecimiento de las líneas bancarias de financiación.

Además, y ante la imposibilidad de atender el pago de todos los créditos contra la masa (los generados tras la declaración de los concursos), la AC se vio en la necesidad urgente de comunicar la insuficiencia de masa activa para poder alterar el orden de pago de dichos créditos, priorizando los salariales, en aras de restablecer los servicios y la actividad de las concursadas, casi paralizada por la situación concursal y el quebranto de la tesorería.

Acometida la estabilización de urgencia en tiempo récord, con la adopción judicial de tales medidas, se analizó la posibilidad de alcanzar una definitiva, dando continuidad a la actividad de las empresas, previo convenio de acreedores. Sin embargo, no pudo obtenerse la financiación necesaria para ello, motivo por el cual se solicitó la liquidación de ambas compañías. Pese a la solicitud y contexto de liquidación, la AC instó la venta de las unidades productivas de OMBUDS, como forma más idónea de proceder a su liquidación ordenada. Sin embargo, quedó desierta la licitación, principalmente por causa de los pasivos laborales y de seguridad social que debían asumirse.

Así las cosas, mediante sendos autos de 9 de enero de 2020 se procedió a la apertura de la fase de liquidación de los procedimientos concursales de OMBUDS COMPAÑÍA DE SEGURIDAD, S.A. y de OMBUDS SERVICIOS, S.L. Presentado por la AC el plan de liquidación fue, aprobado judicialmente mediante auto de fecha 31 de julio de 2020. En el propio plan se propusieron las distintas medidas laborales para la extinción colectiva de los contratos de trabajo de la plantilla. Se aprobaron dos ERE y un ERTE (que finalmente concluyó en ERE), mediante los cuales se autorizó la extinción de los contratos de todos los trabajadores. No obstante, el grueso de la plantilla pasó subrogada o otras empresas del sector. En concreto, más del 70% de los trabajadores de Ombuds Seguridad y más del 65% de los de Ombuds Servicios.

Actualmente la AC y el equipo de liquidación, están llevando a cabo distintas tareas tendentes a concluir la ordenada y total liquidación de las empresas del Grupo OMBUDS, entre las que cabe citar, la realización de activos (bienes y derechos de crédito), la preparación de la disolución y liquidación de las distintas UTE y filiales participadas, el cumplimiento de los plazos procesales concursales, la preparación de las actuaciones judiciales necesarias, así como la atención y seguimiento de los cientos de procedimientos laborales, civiles y penales que en tramitación en los Juzgados y Tribunales de toda España, incluidos los incidentes concursales.